Por Itzell Lozada
La decisión ya fue anunciada: el calendario escolar será recortado en todo el país en el contexto del Mundial de 2026.
Y aunque se ha presentado como una medida administrativa o logística, lo cierto es que estamos frente a una decisión pública que impacta directamente derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país.
Porque no se trata solamente de modificar fechas escolares. Se trata de reducir tiempo efectivo de acceso a la educación para facilitar la operación de un evento deportivo.
La educación es un derecho humano reconocido constitucionalmente. No puede flexibilizarse únicamente porque el Estado necesita reorganizar ciudades, movilidad o servicios alrededor del mundial.
Pero además hay algo todavía más grave: nuevamente las infancias quedan fuera del centro de las decisiones públicas.
Las prioridades son otras.
Que haya menos gente circulando.
Que las ciudades funcionen para el turismo.
Que el Mundial opere sin “complicaciones”.
Que los espacios públicos estén disponibles.
Y para lograrlo, las infancias y adolescenceas salen antes de la escuela.
La pregunta es profundamente incómoda: ¿por qué el derecho que sí puede ajustarse es el de niñas, niños y adolescentes?
La medida también refleja algo estructural: el profundo adultocentrismo con el que siguen diseñándose las políticas públicas.
Las infancias aparecen como sujetas y sujetos a quienes se les reorganiza la vida sin escucharles, sin considerar el impacto real de las decisiones y sin colocar sus necesidades en el centro.
Además, aunque el argumento del Mundial parte principalmente de dinámicas concentradas en ciertas ciudades sede, la afectación se traslada a todo el país.
Otra vez, decisiones tomadas desde una lógica centralizada terminan impactando incluso a estados y comunidades donde las condiciones, necesidades y contextos son completamente distintos.
Y junto con el derecho a la educación, vuelve a desaparecer de la conversación pública otro tema estructural: el cuidado.
Porque cuando la escuela se reduce durante semanas, alguien tiene que absorber ese tiempo.
Alguien tiene que reorganizar horarios, dejar de trabajar, pagar redes privadas de cuidado, modificar rutinas familiares o resolver cómo acompañar a niñas, niños y adolescentes durante ese periodo adicional fuera de clases.
Y el Estado sigue actuando como si el cuidado fuera un asunto privado que las familias deben resolver automáticamente.
Pero no es así.
La escuela también forma parte de la organización social del cuidado. Su ausencia tiene consecuencias materiales concretas para millones de hogares.
Y esas consecuencias no se distribuyen de manera neutral.
Como ocurre históricamente, las cargas recaen desproporcionadamente sobre las mujeres.
Son ellas quienes suelen reorganizar jornadas laborales, pedir permisos, reducir ingresos o asumir dobles y triples cargas para cubrir lo que el Estado deja de garantizar.
Reducir el tiempo escolar no sólo reorganiza calendarios. Reorganiza la vida cotidiana de millones de familias.
Estamos hablando de cómo las políticas públicas siguen invisibilizando el derecho al cuidado y tratando los derechos de las infancias como elementos negociables frente a intereses económicos, turísticos o de imagen internacional.
Mientras el cuidado siga tratándose como algo que las familias resolverán “como puedan”, el Estado seguirá trasladando silenciosamente sus responsabilidades hacia los hogares y, desproporcionadamente, hacia las mujeres.
Las infancias no necesitan políticas que hablen sobre ellas, sino decisiones públicas que realmente las coloquen al centro.