Por Itzel Lozada
Los hechos
A siete años de que se cometieran conductas de abuso sexual contra niñas y niños del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, ubicado en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) ofrecieron una disculpa pública el pasado 28 de agosto.
En 2018, diversas familias denunciaron que sus hijas e hijos, de entre tres y cinco años, habían sido víctimas de violencia sexual por parte del personal del plantel. Con el acompañamiento de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), comenzó entonces una larga lucha por justicia.
Fueron más de 57 los casos presentados ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR. Sin embargo, solo 18 de ellos recibieron sentencia y hasta ahora únicamente dos personas han sido condenadas, pese a los indicios de múltiples agresores.
Las investigaciones también evidenciaron que la SEP incurrió en omisiones e irregularidades al no garantizar la seguridad de las niñas y niños.
Una sentencia histórica
Tras un proceso lleno de obstáculos, revictimización, negligencia y silencio institucional, en diciembre de 2021 se llevó a cabo el juicio contra Ramón N., quien fungía como asistente técnico pedagógico en el plantel. Fue sentenciado a 494 años y 9 meses de prisión por agresión sexual a 17 niñas y niños.
La pena se acumuló por la comisión de los siguientes delitos: 63 años por pederastia, 252 por pederastia agravada, 9 por tentativa de pederastia, 93 años y 6 meses por violación equiparada agravada, y 77 años y 3 meses por abuso sexual agravado.
Además de la pena mencionada, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna reconoció la existencia de un patrón sistemático de violencia sexual en la escuela y la participación de múltiples personas agresoras.
La sentencia incluyó una multa de más de 3 millones de pesos y estableció que la SEP debía cubrir una reparación del daño superior a los 24 millones 650 mil pesos, al ser declarada responsable por no proteger a las infancias. También ordenó medidas de reparación integral y garantías de no repetición: escuelas más seguras, espacios de prevención, becas educativas, apoyos a víctimas indirectas, capacitación docente, protocolos claros y la incorporación de un día en el calendario escolar dedicado a la prevención y concientización sobre el abuso sexual infantil: el 8 de septiembre.
La disculpa pública
El 28 de agosto de 2025, la SEP y la AEFCM ofrecieron la disculpa pública ordenada en la sentencia. En el acto participaron familiares de las víctimas, representantes de la ODI, los titulares de ambas instituciones y el juez que emitió la sentencia.
Las niñas y niños que fueron víctimas también estuvieron presentes a través de dibujos realizados con el acompañamiento de la ODI, en un gesto cargado de simbolismo y memoria.
Este acto no debe ser un mero acto protocolario: es un triunfo colectivo de las familias y de la sociedad civil que las acompañó. Representa la validación de años de lucha y el reconocimiento de que el Estado falló en uno de sus deberes más elementales: proteger a las infancias.
Más allá de lo simbólico
La disculpa pública tiene un valor reparador y social. Para las víctimas y sus familias, escuchar al Estado admitir su responsabilidad contribuye a dignificar años de lucha por la justicia, rompe con el silencio institucional. Estos actos también cumplen una función social, al enviar un mensaje claro de que las violencias contra niñas y niños no deben repetirse ni tolerarse.
Sin embargo, sería un error pensar que el perdón simbólico basta. La disculpa pública, aunque necesaria, no compensa por sí sola el daño ni garantiza que no vuelva a ocurrir. Si no se acompaña de políticas públicas integrales, corre el riesgo de quedar en un gesto vacío.
El perdón, entonces, debe ser el inicio de una ruta de transformación institucional y no su punto de llegada. La justicia no puede reducirse a cifras, sentencias o indemnizaciones: lo ocurrido sigue siendo una herida colectiva.
La protección de las infancias requiere protocolos claros de prevención y atención, programas de capacitación permanente e integral para todo el personal escolar, mecanismos de denuncia accesibles, acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las víctimas, criterios de contratación que aseguren perfiles idóneos para trabajar con niñas, niños y adolescentes, replantear los sistemas de supervisión en escuelas, la transparencia en los procesos judiciales y la rendición de cuentas de las autoridades educativas.
También es urgente avanzar hacia políticas públicas integrales que construyan espacios escolares realmente seguros, con infraestructura adecuada, vigilancia eficiente y rendición de cuentas permanente.
8 de septiembre: un compromiso con la infancia
Hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, inicia oficialmente la primera Jornada de Concientización sobre el Abuso Sexual y el Maltrato Infantil en México. A partir de ahora, cada segundo lunes del ciclo escolar, todas las escuelas de educación básica —públicas y privadas— deben realizar actividades de reflexión y prevención.
Este día implica también el compromiso para que las aulas sean espacios realmente seguros, lugares donde prevalezcan la justicia, la libertad, la inocencia y la felicidad; donde el miedo no tenga cabida y la niñez pueda crecer protegida, aprender y formarse en libertad.
El perdón simbólico es valioso, pero no significa justicia plena. Porque cuando se trata de la seguridad y los derechos de niñas y niños, no podemos conformarnos con actos simbólicos: se requieren compromisos concretos, presupuestos suficientes y voluntad política sostenida.
La verdadera reparación llegará cuando los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas y permanentes que garanticen que ninguna niña o niño vuelva a enfrentar lo que ocurrió. Reconocer el daño es importante; garantizar que nunca vuelva a repetirse es imprescindible.
